La verdad es que no paran.

No sé si de detectarlos o de producirse.

Desde todos los frentes insisten en repetir el mensaje de “son unos pocos y haberlos haylos en todos los sectores”. Algo que, por descontado, el pueblo desea creer, aunque le cueste.

La corrupción, en sus distintas formas: tráfico de influencias, pucherazos, impunidad, fraudes, caciquismo, prevaricación.., parece tan antigua como el ser humano.

La corrupción, definida como: En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores (RAE, 20ª ed.), aparece y tiene sentido, especialmente, con el desarrollo del Estado y la Administración.

La cuestión es que, en los últimos tiempos, este asunto está tan presente que uno tiene el dilema de elegir entre dos alternativas:

a) Los corruptos son pocos y hay que perseguirlos.
b) Los corruptos son todos los que llegan al poder y bastante haremos con controlarlos.

Evidentemente, desde el poder (los poderes) el mensaje incide en el primer argumento.

Sin embargo, desde los administrados, el ambiente que prima tiene más que ver con la idea de que poder = corrupción.

Si me has leído en alguna ocasión, quizás sabrás que mi postura sigue el “dictum de Acton”: El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Razón por la cual no paro de luchar por la existencia de auténticos mecanismos de control, ahora ausentes, en nuestro Colegio Profesional.

Porque, cuando no hay mecanismos de control del poder, o los que hay no funcionan, estamos ante un poder absoluto. Y ya he dicho lo que sugería Lord Acton al respecto.

En este contexto de sorprendentes imágenes relacionadas con la corrupción (no puedo quitarme de la cabeza la imagen de Macià Alavedra esposado con su bolsa azul tal que chorizo ratonero), es imposible evitar pensar qué esconden las instituciones cuando se niegan a proporcionar información, o cuando obstaculizan la representación de sus contribuyentes, o cuando incumplen las promesas y códigos éticos, o cuando simplemente no dan explicaciones si se les pide.

¿Y qué pensar cuando una institución se resiste, reiteradamente. a implantar medidas de control del ejercicio del poder?.

Recuerdo que se considera corrupción la utilización de las funciones y los medios de una organización pública en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

No quiero utilizar esa palabra, “corrupción”, para referirme a algunas “singularidades” que he apreciado en nuestro Colegio Profesional. Entre otras razones porque no me importa la etiqueta que se le ponga. No es esa la cuestión.

No obstante, he solicitado por escrito que se incluya en el orden del día de la próxima Junta General de Colegiados/as (se supone que a mediados de Diciembre), el cese del actual Vicedecano y del actual Presidente de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud, por incumplir el Código de Estilo de Junta de Gobierno y/o unas normas éticas básicas del mundo corporativo público sobre no vincular la empresa privada de los gestores con la gestión de la institución.

Son unos ceses que tendrán que decidir las personas colegiadas asistentes a esa Junta General (tú, si decides ejercer ese derecho) tras escuchar los argumentos por los que solicito esos ceses y, por descontado, los argumentos de los interesados.

No denuncio a nadie, no acuso a nadie, no insulto a nadie. Simplemente ejerzo un derecho básico en cualquier institución (y más si es de carácter público): el derecho a que sus administrados conozcan y, posteriormente, decidan. Si mis argumentos son ridículos, sufriré burla y mofa ante toda la Junta General de personas colegiadas. Pero, no por ello, no tengo derecho a hacerlo.

Ejerzo uno de los más elementales mecanismos de control: el derecho a someter a la decisión de la Junta General la continuidad de un gestor de la institución.

Para acabar, por si alguien se ha perdido algún párrafo, quiero recordar que se define corrupción como: la utilización de las funciones y los medios de una organización pública en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.